Desde su descubrimiento en 1907, la Argentina da nacimiento a la teoría de considerar al petróleo como una Cuestión de Estado. Se desarrolló un modelo estatal nacional, centralizado, con precios fijados con sentido social y carácter de servicio público, fondos recaudados por empresas estatales que eran las unidades ejecutoras, con impuestos con afectación especifica a la energía y el transporte, donde las exportaciones ni siquiera eran consideradas. Eso nos permitió llegar a 1989 con casi 40 años de reservas de gas, 18 de petróleo, 5 millones de usuarios de gas por redes, equivalentes a 60 % de la población, con un parque refinador que no se ha modificado, con tres centrales nucleares, y con centrales hidroeléctricas tales como las del Comahue, Salto Grande y el 60 % de Yacyretá.

Desde julio de 1989 se cambió radicalmente el modelo y fuimos al sistema de mercado: “regalaron” activos estatales, liberaron los precios o se fijaron tarifas en base a modelos que no tenían en cuenta la inversión real y tomaban en cuenta las variaciones de los EEUU o de monedas extranjeras, se dejó librado al mercado las decisiones de inversiones, las importaciones y exportaciones fueron liberadas. las facultades de control prácticamente desaparecieron, se aceptó la cesión de la facultad judicial soberana en pos de organismos como el CIADI; los usuarios de gas natural aumentaron muy poco.

El impacto fue que las reservas de hidrocarburos han disminuido significativamente y hemos perdido el autoabastecimientos; somos importadores crecientes de gas natural, electricidad, gasoil y naftas, la exploración prácticamente no existe, se construyeron 10 gasoductos de exportación, que poseyéramos suficientes reservas, etc. En resumen, las sobreexplotación de los activos, las exportaciones ilegales, las remesas de utilidades a exterior y en especial, la ausencia de inversiones genuinas, nos llevaron a la presente crisis. La única forma de superarla es con una planificación energética a nivel nacional , recuperando las empresas estatales, pero, en especial, con una política de sobreinversión especialmente en las obras hidroeléctricas y nucleares. Los recursos para ello tienen dos orígenes posibles: aumento de tarifas e impuestos -imposibles de aceptar para la gran mayoría de la población- o recuperación de la renta petrolera , hoy en manos de multinacionales extranjeras tales como Repsol, PAE, Total, etc. que oscila en los U$S 6 ó 7 mil millones anuales. Todos estos contratos petroleros, han trasgredido las leyes vigentes y son pasible de revisión. Este es, para mi, el camino.

Gustavo Calleja
Ex subsecretario de Energía

Publicado en Clarín el 18 de julio de 2010.