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Oilwatch 23 de mayo de 2007 El proyecto ITT se describe como una gran explotación petrolera localizada en un área de excepcional valor ecológico y cultural, por cuanto se situa en el Parque Nacional Yasuní en Ecuador donde se ubica la cultura Huaorani. El proyecto está siendo impulsado por Petroecuador y por una multinacional asiática llamada Sinopec. Ante la perspectiva de graves y serias consecuencias ambientales, sociales y culturales para Ecuador y para el planeta de la explotación petrolera del proyecto ITT, el presidente de Ecuador Rafael Correa, con el apoyo de multiples organizaciones sociales y ambientales, ha puesto encima de la mesa una propuesta que contraviene todos los paradigmas del actual sistema económico y energético: dejar enterrado el petróleo existente en esta zona. Para contribuir con el Estado Ecuatoriano en la aplicación de esta costosa decisión nacional, se pretende estimular a la sociedad nacional e internacional la adquisición de bonos que certifican que el petróleo se queda bajo el suelo. La decisión tendría una repercusión positiva mundialmente, el freno al cambio climático y la conservación de la biodiversidad. Una solución creativa y polémica a debatir en un momento muy adecuado, cuando se ve los terribles efectos que puede tener y está teniendo el cambio climático y se habla del plazo en el que tendrá fin la época del petróleo. El documento presentado por Oilwatch >> contribuye con rigor y datos a presentar esta iniciativa. Publicamos aquí un extracto: El Parque Nacional Yasuní y territorio Huaorani En 1989 el Parque Nacional Yasuní entra a formar parte de la Reserva Mundial de Biosfera, dentro del programa del Hombre y de la Biosfera de la UNESCO . Como consecuencia de esta declaración el manejo del parque debe estar sujeto a las estrategias de Sevilla, dictadas en la Conferencia de Expertos realizada en España en marzo de 1995. En ellas se determina que en toda reserva de la Biosfera las únicas actividades que se pueden desarrollar, para garantizar el equilibrio y la no contaminación, son: “[...] actividades cooperativas compatibles con prácticas ecológicas racionales, como la educación relativa al medio ambiente, la recreación, el turismo ecológico y la investigación aplicada básica” [1]. En 1999, una parte del Parque fue declarada como “Zona Intangible”, el mismo que fue delimitado en el año 2006. Estos son espacios protegidos de excepcional importancia cultural y biológica en los cuales no puede realizarse ningún tipo de actividad extractiva debido a su valor ambiental, no solo para la región, sino para el país y el mundo. En este área vive el pueblo Huaorani que es cazador y recolector y requiere de una extensión grande para mantener sus practicas de producción y consumo. Su condición de cazadores recolectores les obliga a moverse en un vasto territorio; en los primeros años del siglo pasado se movían entre el Napo y el Curaray. La presión de la apropiación del territorio por parte de las compañías petroleras, a través de las concesiones; de los madereros, a través de la compra de bosques; de los colonos que se posesionan de las fincas; del Estado que declara tierras de colonización, etc., redujo la zona de movimiento de los Huaos al área del Tivacuno-Curaray [2]. En la actualidad muchas personas de este pueblo han perdido su tradición de cazadores - recolectores y, de ser independientes, han pasado a ser dependientes de las empresas petroleras. Tres clanes denominados Tagaeri, Taromenane y Oñamenane decidieron evitar todo contacto con el mundo exterior y han mantenido su forma de vida gracias a que mantienen territorios poco intervenidos. En 1996 CONFENIAE y ONHAE, pusieron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la OEA acusando al Gobierno de Ecuador y a las empresas petroleras de atentar contra los derechos de las poblaciones indígenas. La denuncia motivó una vista de la comisión y la realización de un documento con recomendaciones. El examen de la situación de derechos humanos en el Oriente fue impulsado por la presentación de una denuncia en nombre del pueblo Huaorani, que señalaba que éste se encontraba bajo la amenaza inminente de graves violaciones a los derechos humanos debidas a las actividades de explotación de petróleo previstas dentro de sus tierras tradicionales. CONFENIAE afirmó que las actividades afectarían de modo irreparable a los Huaorani, amenazando su supervivencia física y cultural, en violación de las garantías consagradas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La Comisión recomendó tomar medidas para prevenir estos impactos. Proyecto ITT El Proyecto ITT, según Petroecuador, tendría una producción de petróleo que se planea estabilizarla en 108.000 barriles diarios durante los primeros 17 años y se espera alcanzar los 58 mil barriles diarios a los 29 años de iniciado el proyecto. La apertura de la frontera petrolera, si se desarrollara el proyecto ITT, supondría crear un nuevo polo petrolero y por lo tanto tener los efectos que hoy están muy bien documentados en las zonas ya operadas. Estos impactos pueden resumirse en: ![]() Tanto el ITT como el bloque 31 son territorio Huaorani y territorio de cacería de pueblos en aislamiento voluntario. Al ser estos pueblos cazadores recolectores, tienen patrones de movilidad al interior de los límites del parque, y alcanzan ha llegar hasta los denominados bloques petroleros. El riesgo es aún mayor si se toma en cuenta que la zona en cuestión es parte del territorio de los tres clanes denominados Tagaeri, Taromenane y Oñamenane que decidieron evitar todo contacto con el mundo exterior y que todo intento de contacto o de ocupación de su territorio ha sido rechazado. Ya cuando se realizaron los contratos del bloque 16, se planteó con fuerza el tema de los riesgos para con el pueblo Huaorani. Se proponía que se extremaran las condiciones para evitar ese tipo de impactos sin embargo los resultados son dramáticos. Enfermedades, empobrecimiento, conflictos... Resumen de la propuesta El objetivo de la propuesta es resolver de manera creativa una amenaza como es la extracción del crudo del proyecto ITT localizado en un sitio de alta vulnerabilidad: el Parque Nacional Yasuní, con un efecto positivo en la conservación de la biodiversidad, la reducción de emisiones del CO2 y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y su forma de vida. EL Presidente de la República, Rafael Correa ha señalado que la primera opción para el país es mantener el crudo represado en el subsuelo. Se buscaría estimular a la sociedad nacional e internacional para contribuir con el Estado Ecuatoriano en la aplicación de esta costosa decisión nacional. La expectativa del gobierno es lograr por esta vía el 50% de lo que obtendría de extraer el crudo de ese proyecto. El procedimiento consiste en que el Estado emita bonos por el crudo que permanecerá “in situ”, con el doble compromiso de no extraer nunca ese crudo y de proteger el Parque Nacional Yasuní. Es importante tomar en cuenta que si Estado recibiría 350 millones de dólares sería durante 10 años, desde el año 6to y a partir de entonces habría un decrecimiento constante. Se busca generar una alternativa que produzca al Estado el 50 % de estos recursos, y que pueda representar una renta en forma indefinida. Estos montos serían destinados a actividades que liberen al país de la dependencia a las exportaciones e importaciones y que consoliden su soberanía alimentaria. Equipo técnico de Oilwatch
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